miércoles, 13 de junio de 2012

Naturaleza, capitalismo y desarrollo depredador



22/05/12 Por Andrés Mora Ramírez
En el desafío de pensar y proponer un desarrollo alternativo, o mejor aún, “alternativas al desarrollo”, necesariamente debemos apuntar a la construcción de una sociedad y una cultura nuevas, sobre la base de principios y acuerdos sociales que superen el carácter depredador intrínseco al capitalismo y las utopías modernas: esas que vieron en el dominio y sometimiento de la naturaleza a la voluntad del hombre occidental, el trofeo de caza de la superioridad humana en el planeta.
Daniel Janzen, científico estadounidense afincado en nuestro país desde hace casi medio siglo, lanzó una severa advertencia sobre el rumbo equivocado de las políticas públicas y las estrategias de conservación del medio ambiente. En una entrevista publicada por el diario La Nación, el ecólogo afirmó que “en la última década, Costa Rica ha perdido mucho de su iniciativa y energía para la conservación, que era muy evidente entre 1970-2000”. Según Janzen, “la descomposición de la voluntad costarricense es una tragedia casi invisible a su sociedad, en gran parte ciega a lo que es la naturaleza, ciega a lo que tenía y tiene todavía el país (…). La naturaleza de Costa Rica está como decimos en Gringolandia, muriendo de miles de pequeñas heridas en vez de una sola bomba”. En su opinión, una de las causas que explican el deterioro de las áreas silvestres de conservación es que no reciben, para su mantenimiento y resguardo, “la proporción justa de las ganancias que generan al país en bienes y servicios” (La Nación, 15-05-2012).
Aunque no lo dice abiertamente, ni la periodista lo preguntó en su entrevista, de las palabras del científico se deduce una doble crítica: una, la que se dirige contra un modelo de (mal) desarrollo que impacta al medio ambiente, usufructúa de los recursos naturales y que, por su propia lógica de acumulación, distribuye de forma desigual la riqueza generada –por la vía del turismo, fundamentalmente-, concentrándola en los sectores y grupos más poderosos de la economía nacional. La otra crítica es la que apunta a la dimensión cultural de ese modelo de (mal) desarrollo, es decir, cómo los valores que lo sustentan y se reproducen desde el sistema educativo, los medios de comunicación y el mundo del trabajo, por citar tres espacios decisivos del campo cultural, transforman la mentalidad colectiva, las aspiraciones individuales y modifican la dinámica de las relaciones entre naturaleza y sociedad, al punto de provocar la descomposición de la voluntad de una nación.
Por supuesto, este no es un problema que afecte sólo a Costa Rica, país que se precia de ser un paraíso verde sin ingredientes artificiales, sino que se trata de un fenómeno de alcance global. Los resultados del informe Planeta Vivo 2012, del Fondo Mundial para la Naturaleza, divulgados recientemente, demuestran el carácter depredador del desarrollo moderno-capitalista, en tanto forma específica de organización de los factores de producción, y como expresión y aspiración ideológica dominante en los procesos de cambio social, económico y cultural que experimentamos en las últimas décadas.
De acuerdo con este informe, “la biodiversidad mundial se ha reducido en un 30% en promedio desde 1970 a 2008 y el impacto mayor se ha sufrido en los trópicos, donde la pérdida de biodiversidad llegó a un 60%”. Además, al relacionar el impacto de la actividad económica nacional sobre el medio ambiente y los recursos utilizados en productos importados, los autores del estudio determinaron que “los países ricos tienen de media cinco veces más impacto que los menos desarrollados, pero el mayor declive en biodiversidad lo sufren los países más pobres, que subsidian el estilo de vida de los países ricos” (BBC Mundo, 15-05-2012).
Analizados desde América Latina, estos datos y realidades deberían llevarnos a considerar dos cosas: la primera, que la historia del “progreso” y el “desarrollo” en esta parte del mundo a partir del siglo XVI, con toda su carga de explotación humana y genocidio, y de permanente depredación y degradación ambiental, es también la historia de unos territorios y unos pueblos que, como explica el historiador ambiental panameño Guillermo Castro [1], fueron incorporados muy pronto a las necesidades del desarrollo del capitalismo noratlántico, lo que provocó severas modificaciones del paisaje natural, producto de las demandas económicas del sistema mundo, e introdujo nuevos sentidos culturales que orientaron las relaciones naturaleza-sociedad precisamente en función de aquellas demandas.
Siendo esto así, y dado que la impronta de esa historia sigue vigente en nuestros días, la segunda cuestión a considerar es que en el desafío de pensar y proponer un desarrollo alternativo, o mejor aún, alternativas al desarrollo, necesariamente debemos buscar puntos y caminos de ruptura con el lastre negativo, pernicioso, de ese pasado que nos marca, y al mismo tiempo, apuntar a la construcción de una sociedad y una cultura nuevas, sobre la base de principios y acuerdos sociales que superen el carácter depredador intrínseco al capitalismo y las utopías modernas: esas que vieron en el dominio y sometimiento de la naturaleza a la voluntad del hombre occidental, el trofeo de caza de la superioridad humana en el planeta.
De lo contrario, si profundizamos el actual rumbo del desarrollo, entendido como proceso de acumulación sin fin, exacerbado además por la pulsión del consumo (hoy sabemos que, en promedio, los seres humanos utilizamos más del 50% de los recursos que la Tierra puede generar y regenerar en forma natural y sostenible), nos aproximaremos cada vez más a la imagen con que Franz Hinkelammert ilustraba, hace algunos años, la dramática situación de la especie humana: la de los competidores que “están sentados cada uno sobre la rama de un árbol, cortándola. El más eficiente será aquel que logre cortar la rama sobre la cual se halla sentado con más rapidez” [2].
Enfrentamos un tiempo de decisiones que nos coloca en una disyuntiva trascendental: optar por un cambio civilizatorio para garantizar la continuidad de la vida humana en el planeta o cavar la tumba de nuestra autodestrucción.
Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica – Con Nuestra America -http://connuestraamerica.blogspot.com.ar

miércoles, 28 de marzo de 2012

La historia cíclica de los pueblos indígenas


 Gabriela Vargas Vargas

Hay historias que se repiten, y no necesariamente por buenas o destacables. Peor aún, cuando los puntos en común son la exclusión, la marginalidad, la opresión, la misoginia y otras formas de violencia, me parece que las historias se repiten a propósito o mejor dicho, con un propósito. 

Al parecer, esto es lo que ocurre con las personas indígenas costarricenses, las y los únicos habitantes originarios de nuestro país. Basta echar un vistazo hacia atrás, para dar cuenta de la historia de pobreza, explotación y genocidio que han soportado durante siglos los pueblos indígenas. 

Aún hoy día, la violencia parece ser la misma con diferente estrategia. En una República libre, soberana e independiente las ciudadanas y los ciudadanos aborígenes son los menos libres, los menos soberanos y los menos independientes. Esto, a pesar de la existencia de una serie de normativas jurídicas, incluido el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado en 1992 y del que mucho se habla pero poco se cumple.

Uno de los ejemplos más claros, tiene que ver con la tenencia de la Tierra. En Costa Rica existen 8 pueblos indígenas repartidos en 22 territorios llamados “reservas”,  las cuales son inalienables, imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan[i].

De este modo, la Tierra, los recursos forestales y el agua son propiedad exclusiva de las comunidades indígenas, así como los recursos minerales del subsuelo, propiedad que comparte con el Estado según la Ley Indígena de 1977. No obstante lo anterior, son muchos los casos en donde se violenta este principio jurídico. 

Un claro ejemplo es la compra, venta y reventa de terrenos ubicados dentro de los límites de las reservas a personas no indígenas que los utilizan para diversos fines.

Al respecto, un documento realizado en el 2008 por el Programa Indígena – Área Jurídica de la Iglesia Luterana Costarricense[ii], señala que “la misma ley establece que no es jurídicamente válido –y por eso establece la nulidad- la transacción de tierras entre indígenas y no indígenas.” Y agrega “los costos, la duración y lo complicado de los procesos judiciales han imposibilitado que estas acciones se anulen, conforme lo dispone la Ley indígena.” (2008: 1).

Es decir, nuestros pueblos originarios continúan perdiendo sus tierras, pese a la existencia de una Ley Indígena, que a todas luces, es anticuada y no se adecúa a la realidad de nuestros días.
Otro caso lo constituye el permiso de exploración minero otorgado en el 2007 por un ex – presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Bribri en Talamanca (Aditibri) y bajo el visto bueno de un abogado de la CONAI.[iii]

Con este permiso, que no fue consultado al resto de la Junta Directiva ni a la comunidad, se pretendía buscar oro, plata, cobre, zinc, níquel y molibdeno en un área de seis kilómetros cuadrados dentro de la reserva.[iv]

Un ejemplo más se encuentra en el Proyecto Hidroeléctrico Diquís, que si bien es cierto y en lo personal me parece imprescindible para la autonomía energética del país, requiere utilizar para el embalse, la zona de protección y obras, un poco más de 7363 hectáreas de las cuales 915 pertenecen al pueblo Térraba, lo que representa cerca de un 10% del total de su territorio.[v]

Esto representa una pérdida sustancial de su Tierra pero además de su cultura y su memoria histórica, y ni qué decir del recurso forestal, la flora y la fauna; además de la reubicación de las familias afectadas. Seguramente, no alcanzamos a comprender el valor que tiene la Tierra para nuestros pueblos originarios, ni la estrecha relación que han mantenido a lo largo de la historia. 

Y es que el famoso proyecto Diquís no ha sido consultado a la población indígena pese a la existencia de instrumentos jurídicos de protección de sus derechos que establecen la obligatoriedad del Estado para realizar las consultas correspondientes.

Parece que poco ha cambiado desde los tiempos de la Yunai. Son “Otros” los que deciden sobre el rumbo de sus vidas y sus tierras sin que, en el fondo, sus condiciones de vida cambien sustancialmente; es decir, más allá de un bono de vivienda, de una nueva escuela o de una plaza médica más. Las y los ciudadanos indígenas siguen siendo los más pobres y excluidos del país. 

En Talamanca por ejemplo, los niños y las niñas recorren grandes distancias para llegar a los centros educativos, algunos centros de salud dan atención solo un par de veces por semana y no existen fuentes de trabajo. 

La mayoría de las personas viven de la producción de banano y plátano vendiendo sus productos al precio que determinan los intermediarios y sin ningún control por parte de las autoridades.  Una gran cantidad de tradiciones se han perdido, son evidentes los procesos de transculturación y los índices de violencia de género son altos.

Con este panorama no existen aún políticas claras y mientras tanto, la historia se repite una y otra vez.



[i] Ley Indígena Nº6172, artículo 3.
[ii] Chacón, R., Vargas, L. y Rojas, S. (2008) Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas en Costa Rica: De cómo los pueblos indígenas reclaman las tierras y cómo el sistema judicial “apoya” su tutela. Iglesia Luterana Costarricense, Programa Indígena – Área Jurídica. Costa Rica. Disponible en:www.ilcocr.org/media_files/download/Doc.completo.doc
[iv] Ídem.
[v] Información disponible en: http://www.grupoice.com/wps/portal/ph_diquis

sábado, 28 de enero de 2012

Renunció viceministro aliado de minería a cielo abierto


Renunció viceministro aliado de minería a cielo abierto

San José, 28 ene (elpais.cr) – El viceministro del Ambiente, Andrei Bourrouet, renunció a su cargo debido a posibles contradicciones con la política ambiental del gobierno de Laura Chinchilla en materia de extracción minera en Costa Rica.
La renuncia o destitución de Bourruet fue exigida por organizaciones ambientalistas, ya que fue considerado como funcionario al posible servicito de la extracción minera y de grandes proyectos de desarrollo que afectaban el ambiente.
Desde la lucha en la calle y en los tribunales de justica, el movimiento ecologista solicitó la separación de Bourruet a su cargo, debido a supuestos viejos vínculos con la empresa minera Infinito Gold, dueña del proyecto minero de oro a cielo abierto en Crucitas de San Carlos.
Además, la organización ambientalista Miramar al Grano, denunció a Andrei Bourrouet, de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), “por (supuestas) irregularidades en Auditoría de Mina Bellavista), colapsada en el 2007 y que pretende volver a operar con un nuevo proyecto.
Por otra parte, Organizaciones ambientalistas declararon en un Manifiesto,(http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/12/59249), que: “4. Se ha evidenciado, por parte del actual viceministro del MINAET, Andrei Bourrouet, una evidente falta de conocimientos en materia de protección de aguas subterráneas y detectado la poca importancia que le da al tema, cuando, por ejemplo, ante la contaminación del acuífero en Moín por hidrocarburos desde un tanque de combustible de RECOPE, este declaró (La Nación, 25/05/2011, p. 4.A) que: “ese tipo de contaminaciones son comunes en plantas refinadoras”, mostrando una actitud displicente en vez de solicitar las sanciones que establece la Ley del Ambiente por daño ambiental para las entidades responsables de dicho daño, así como una investigación profunda de la situación ambiental de RECOPE y de otros planteles de esta entidad en todo el país.”
Igualmente, en otros medios se dio cuenta que “Ambientalistas exigen cabeza de viceministro del MINAET”: “Por peligro de aguas subterráneas del país”. Al respecto: “Unas 22 organizaciones ambientales se han agrupado para denunciar públicamente "una serie de irregularidades" en materia de gestión ambiental "que se han venido dando" en el accionar del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet) por "serios peligros en el daño ambiental de las aguas subterráneas", dando culpa en su mayoría al viceministro Andrei Bourrouet. (Prensa Libre).”
Por otro lado “Diputados llevan a viceministro del MINAET a comisión de ambiente”sobre el asunto de un tajo en Cartago donde “los vecinos presentaron la denuncia ante el Ministerio Público”.
El caso lo publicó LA PRENSA LIBRE, y el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Claudio Monge, había anunciado que “llevará a la comisión de ambiente del plenario, la denuncia presentada por vecinos de Llano Grande y Agua Caliente de Cartago contra el actual Viceministro del Ministerio de Ambiente Energía y Telecomunicaciones (Minaet), Andrei Bourrouet Vargas, por una supuesta contaminación y destrucción forestal”.
Sobre el caso Crucitas, dijo que “Ha habido actividades que han distraído el quehacer del Ministerio, como el proyecto Crucitas. Afortunadamente, la Sala IV avaló lo que se había hecho en el Ministerio y ahora estamos esperando la resolución del tribunal contencioso”.
Ante la consulta; “¿El país va a renunciar a la minería a cielo abierto?”, el ahora ex funcionario dijo a la revista Poder: “El Gobierno decidió que la minería metálica a cielo abierto va a tener más limitaciones.”
De acuerdo con la información pública, el ex viceministro pasará a otra entidad pública, con la anuencia de la Presidente de la República, Laura Chinchilla.
Una nota del 30 de julio del 2010 de Elpais.cr:http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/29497
Viceministro y asesor de Laura Chinchilla ha sido un aliado de Crucitas
San José (elpais.cr) – Organizaciones ambientalistas de Costa Rica y un legislador pusieron en entredicho la actuación de un asesor del Gobierno, quien valoró en 1.700 millones de dólares la indemnización que debería pagar el Estado en caso de rescindir el contrato con la transnacional minera canadiense Infinito Gold.
Hace cinco años, la transnacional reclamaba ante un tribunal internacional una indemnización por $236 millones, mientras que hasta la actualidad se calcula que no ha invertido $35 millones de los $66 que pretende invertir para extraer 85.000 onzas de oro en una década.
El gobierno Laura Chinchilla enfrenta en la actualidad presión para que derogue un decreto de Oscar Arias (2006-2010), que declaró “de interés público y conveniencia nacional” la construcción de la mina Crucitas a cielo abierto, en la Región Huetar Norte, a menos de tres kilómetros con el río San Juan, Nicaragua.
Al viceministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), Andrei Bourruet, se le achaca su cercanía con la transnacional, desde el 2001, ya que en diciembre de ese año recomendó la concesión de explotación a la transnacional.
En esa época, Bourruet se desempeñaba como asesor de la titular de la cartera, Elizabeth Odio Benito.
Posteriormente, el actual funcionario aparecía en listas de correos electrónicos enviados por el jefe de prensa Infinito Gold. Andrés Soto, a un grupo de simpatizantes de la minera, así como a periodistas.
Para el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Manrique Oviedo, esa actuación le resta autoridad al funcionario y actual asesor de la Presidente de la República, Laura Chinchilla, y al vicepresidente, Alfio Piva, para determinar que no se prohibirá el funcionamiento de la mina.
Asimismo, en fuentes de las organizaciones ambientalistas trascendió que Bourruet fue quien habría hecho los cálculos de que habría que pagarle una indemnización por $1.700 millones a Infinito Gold, en caso de que se prohíba su funcionamiento.
Además, ecologistas recordaron a este medio que el funcionario fue quien redactó el decreto de moratoria a la minería de oro a cielo abierto en Costa Rica, firmado el 8 de mayo anterior, cuando la mandataria asumió su cargo.
Reclaman que el funcionario ignoró una propuesta mucho mejor elaborada por abogados expertos en el tema ambiental, que cerraría las puertas a la construcción de nuevas minas, mediante concesiones otorgadas en gobiernos anteriores.
Cabe recordar que Infinito Gold había interpuesto una demanda ante un tribunal del Banco Mundial, para que Costa Rica la indemnizara con $236 millones, porque la sala Constitucional había declarado nula la concesión.
En el 2005, Infinito Gold retiró la demanda tras haber obtenido la aprobación de un estudio de impacto ambiental, por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), y que es el documento que sirve legalmente como aval a la minera, a pesar de que se cambio el diseño y la magnitud del hueco que se construirá en Crucitas.
Ecologistas cuestionan ahora de dónde sacó Bourruet los datos de $1.700 millones de dólares, que le aportó a Piva, para indemnizar a la transnacional canadiense.
Sobre el tema, el Grupo Llamado Urgente por el País sostiene que “una primera concesión de explotación minera fue otorgada a Industrias Infinito S.A. mediante resolución No. 578-2001-MINAE de las 9:00 horas del 17 de diciembre de 2001”.
Sin embargo, la Sala Constitucional la anuló por inconstitucional, mediante el Voto No. 2004-13414 del 26 de noviembre de 2004, por violación del principio preventivo y del derecho constitucional al disfrute de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado del artículo 50 de la Constitución Política, al haber sido otorgada la concesión de explotación minera sin la aprobación previa del estudio de impacto ambiental”, recordó.
Esto quiere decir que al momento de asumir el Poder el Presidente Arias, el 8 de mayo de 2006, Industrias Infinito S.A. no era titular de ninguna concesión de explotación minera”, sostiene Llamado Urgente.
Posteriormente, ante solicitud presentada por Industrias Infinito S.A. el 30 de mayo del 2007, el Presidente Arias y su Ministro de Ambiente, mediante la resolución No. 217-2008-MINAE de las 15:00 horas del 21 de abril de 2008 resolvieron como punto primero: “Otorgar la concesión de explotación minera a favor de la empresa Industrias Infinito S.A., cédula de personería jurídica N° 3-101-127121” (p. 14 de la Gaceta Oficial del 20 de mayo del 2008 antes citada). Independientemente de los vicios de nulidad que pueda tener esta resolución del 21 de abril de 2008, es claro que la concesión de explotación minera otorgada en ese acto por el Presidente Arias y su Ministro de Ambiente a Industrias Infinito S.A., es una concesión nueva y distinta de la otorgada en diciembre de 2001, sostiene Llamado Urgente.
Para poder otorgar esta nueva concesión de explotación minera a Industrias Infinito S.A., el Presidente Arias y su Ministro de Ambiente, a través del Decreto No. 34492-MINAE del 18 de marzo de 2008, derogaron el Decreto No. 30477-MINAE del 5 de junio de 2002 que declaraba la moratoria nacional por plazo indefinido para la actividad de minería metálica de oro a cielo abierto en el territorio nacional. Sin embargo, el referido Decreto No. 34492-MINAE no entró en vigencia sino hasta la fecha de su publicación en La Gaceta No. 107 del 4 de junio del 2008, por lo que la resolución del 21 de abril de 2008, a través de la cual se otorgó la nueva concesión de explotación minera, fue emitida cuando aún estaba vigente la moratoria establecida en el Decreto No. 30477-MINAE. VER: (http://llamadourgenteporelpais.blogspot.com)
Sobre el tema el diputado Oviedo, del PAC, aseguró que a Piva “no le corresponde señalar cuál es la cifra correcta de indemnización; pretender hacer eso sería completamente improcedente”.
Además, Oviedo cuestiona “¿por qué razón sale el señor Vicepresidente de la República diciendo que hay que indemnizar por mil setecientos millones?, ah, pero ¡qué caray!, como decía y he señalado, en otras oportunidades, un ex presidente, ya vamos hilando, ya vamos uniendo los cabos”.
Recordó además que “hay un correo electrónico de don Andrés Soto, (del que este medio recibió copia en esa época), asunto, comentario de Canara, canal… 13 de agosto de 2009, para, y entre ellos cita a varias empresas y, además, amigos de la compañía minera, y por qué digo esto, porque los conozco a todos, y uno de ellos es don Andrei Bourrouet”.
Finalmente, ambientalistas advirtieron que Bourruet está a cargo de una reestructuración de la SETENA y del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), lo que genera desconfianza sobre la política ambiental de la presidente Chinchilla.

Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!