Arias firmó un decreto en octubre de 2008 en el que declaró de "conveniencia nacional" las actividades del proyecto minero Las Crucitas, en la zona norte, el cual pertenece a una empresa de capital canadiense.
Este decreto permitió a la compañía iniciar las labores de preparación del terreno, que incluyeron la tala de bosque con árboles de "almendro amarillo", especie vedada en Costa Rica por ser el principal alimento de la Lapa Verde, ave en peligro de extinción.
Esto provocó que grupos ecologistas y la opinión pública se volcaran contra el gobierno, al que acusaron de tener un "doble discurso" en el tema ambiental.
"Primero, quiero aclarar que la concesión minera en el proyecto Crucitas no fue otorgada por este gobierno, ni por mi persona. Se trata de un derecho adquirido por una empresa internacional desde hace ya muchos años, que nosotros heredamos al asumir el poder", afirmó Arias.
De acuerdo con el mandatario, la empresa había cumplido ya con todos los requisitos que exige la legislación costarricense, por lo que él solo firmó el decreto que le presentaron.
"El decreto que firmé ha sido cuestionado ante la Sala Constitucional, cuya resolución acataremos en todos sus extremos, como lo hemos hecho siempre", afirmó Arias.
El gobernante dijo que su administración no ha otorgado ni otorgará ninguna concesión nueva para explotar minas a cielo abierto. Al igual que lo dije el año pasado, durante el Día Internacional del Agua, en que aclaré que no concedería permiso alguno para exploración petrolera en Costa Rica, hoy reitero que no concederé permiso alguno para proyectos nuevos de minería a cielo abierto en el país".
El proyecto Crucitas, que pretende explotar cerca de 900.000 onzas de oro, está detenido a la espera de la resolución del tribunal constitucional, ante el cual está cuestionado tanto el decreto de Conveniencia Nacional, como el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que dio viabilidad al proyecto. (Xinhua)
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