lunes, 11 de abril de 2011

IIRSA SIN IMPORTAR LOS INDIGENAS

País pide asesoría a ONU para usar tierras indígenas en planta hidroeléctrica
Irene Vizcaíno ivizcaino@nacion.com  04/04/2011
San José (Redacción).El país pidió a la Organización de Naciones Unidas (ONU) asesoría para resolver el conflicto entre el ICE y la comunidad indígena de Térraba, cuyos territorios se requieren para la construcción de una planta hidroeléctrica en Buenos Aires de Puntarenas.
Con ese objetivo, del 25 al 27 de abril estará aquí el relator especial de ONU sobre derechos humanos de los pueblos indígenas, James Anaya.
“Él visitará el proyecto El Diquís, en vista de las preocupaciones que han surgido en torno a una eventual afectación a los derechos indígenas por este proyecto”, dijo Carlos Roverssi, viceministro de Relaciones Exteriores.
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) requiere de 7.000 hectáreas, 900 en reserva indígena para levantar la planta hidroeléctrica con una capacidad instalada de 630 megavatios (MW). La intención es que estuviera en funcionamiento en el 2016.
Por el uso de estos terrenos, la Asociación de Desarrollo Integral de la Comunidad Indígena de Térraba presentó una demanda contra el Estado, el ICE y un particular ante el Juzgado Contencioso Administrativo.
Entre sus reclamos está la violación a la “inalienabilidad” de los territorios indígenas, protegida por la Ley Indígena y el Convenido 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Anaya viene al país, precisamente, para asesorar al Gobierno y al ICE en estos temas.
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Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

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