Redacción (elpais.cr) - El Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), rehuyó participar en un foro sobre el proyecto minero Crucitas, para extraer oro a cielo abierto, organizado este jueves por la Universidad para la Paz (UPAZ).
El Programa de Maestría de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas, con sede en Ciudad Colón, San José, discutió con expertos, académicos y representantes de la transnacional Infinito Gold el tema “Mina de Oro Las Crucitas: Los aspectos ambientales, sociales y legales de la actual controversia”.
Participaron Arnoldo Rudín y Miguel Arriaza, geólogos de Industrias Infinito, Lorenzo Cambronero, del Frente de Oposición a la Minería en la Zona Norte, Heidy Murillo Quesada, de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), y Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica
Esta es la segunda vez que la UPAZ realiza una actividad sobre Crucitas, con la presencia de la empresa Infinito Gold. A diferencia del año anterior, el MÍNAET decidió no participar, lo cual fue señalado por los participantes como “un ejemplo más de un Estado que ya no quiere dar la cara públicamente”.
Se indicó además que a diferencia de intentos en la Universidad de Costa Rica (UCR), en la Universidad Nacional Autónoma (UNA), en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), y en otras instancias académicas como el Colegio de Agrónomos, la empresa sólo acude a las convocatorias de la UPAZ.
En sus intervenciones, el geólogo de la empresa, Miguel Arriaza, presentó los distintos recuadros sobre le historial referido a la viabilidad del proyecto, y dio una larga lista de los beneficios sociales y ambientales que acarrearía la mina en la región Huetar Norte.
Reiteró que, a diferencia de los que sostienen los ambientalistas, Crucitas no es una zona de anidamiento de lapas verdes y que en la zona, la densidad de almendro amarillo es de uno por hectárea.
Indicó además, que en línea recta, el proyecto se sitúa a 6,9 km del Río San Juan, y que la gradiente del acuífero corre en la dirección Noreste/Suroeste hacia el territorio nacional, por lo que el río San Juan “no se verá afectado”.
En sus conclusiones indicó que este proyecto de avanzada desde el punto de vista técnico-ambiental “permitiría a Costa Rica mejorar su huella ecológica”, provocando reacciones en el auditorio compuesto por estudiantes, especialistas, profesores de la UPAZ y público en general.
Por su parte, el agricultor y vecino de la zona de Crucitas, Lorenzo Cambronero, destacó que el Frente de Oposición a la Minería en la Zona Norte lucha desde hace más de 16 años, cuando en el poblado de Crucitas existían unas 30 familias, hoy reducidas a unas siete u ocho, debido a las presiones ejercidas por las distintas empresas mineras a cargo del proyecto.
Señaló además la perdida de confianza de las comunidades en las autoridades judiciales, a raíz de la inspección realidad el pasado 11 de septiembre y después de haber visto las actuaciones del los representantes del Estado durante la vista celebrada hace 15 días.
El 11 de septiembre “vimos cómo los magistrados escuchaban a la minera y cómo nos impidieron darles a conocer nuestra lectura de las cosas. Fue realmente lamentable la actitud del Magistrado Luis Paulino Mora y de la Magistrada Ana Virginia Calzada”.
“Para coronar, en la conferencia de prensa, hablaron ante micrófonos con las camisetas del proyecto Crucitas a la par”. “Nos han robado el nombre de nuestra comunidad para mancharlo con este proyecto”, puntualizó.
En cuanto a la vista celebrada en la Sala IV hace 15 días, “mirándolos, uno veía que los que decidían de la mejor estrategia eran los representantes de la empresa, que ordenaban al Ministerio de la Presidencia y al MÍNAET, SENARA y al SINAC lo que tenían que decir”.
Heidy Murillo de FECON indicó que los argumentos técnicos y legales presentados durante la Vista fueron realmente contundentes, a tal punto que al final hasta daba pena escuchar a los funcionarios de la SETENA, del SINAC o de SENARA contradecirse o reconocer que no existían los estudios ordenados en la legislación costarricense.
“No hay estudios sobre costo/beneficio de este proyecto, es decir costos ambientales por un lado, beneficios para el país por otro. No hay estudios sobre el acuífero con el que pretenden extraer el agua en caso de sequía. No supieron contestar a la Magistrada Calzada sobre este preciso punto. No hay estudios sobre explosivos y su impacto sobre el ambiente y la fauna. No hay estudios sobre el impacto al corredor biológico binacional cercano”.
Precisó que para un proyecto que dice tener 15 años de estudios y diagnósticos, “es realmente sorprendente lo que oímos en los tribunales de justicia”.
Indicó además que las preguntas insistentes de los magistrados sobre estos y otros puntos demostraron la poca preparación de la empresa y del Ejecutivo para arrebatar los argumentos legales y técnicos que los recurrentes presentaron.
Por su parte, Nicolás Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho, advirtió sobre la alta vulnerabilidad de la zona de Crucitas y el posible conflicto que pueda ocasionar con Nicaragua una contaminación del fronterizo río San Juan, o, igualmente grave, el acuífero regional subyacente a la zona.
En este sentido, señaló que hay una gran falta de información del lado de Costa Rica sobre las conexiones de los acuíferos locales con este acuífero regional, sobre los linderos de dicho acuífero, de ambos lados de la frontera.
Recordó que “hoy en día, los acuíferos constituyen una reserva estrategia de agua para los dos países, de cara a los problemas de agua que podrían darse en los próximos decenios”.
En este sentido, dijo que “hay señales y advertencias claras hechas por Nicaragua, de manera oficial, o por vía de su Embajador en declaraciones ante la prensa, o mediante referencias claras a Crucitas en las exposiciones orales de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en marzo del 2009, sobre la preocupación que genera este proyecto para la calidad de las aguas del río San Juan”.
Recordó que durante la vista ante la Sala IV, la empresa proyectó a los Magistrados una foto del Gerente General, el canadiense John Thomas, abrazado con el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, lo cual contrasta singularmente con los señalamientos hechos por la chancillería de Nicaragua y el MARENA desde mayo del 2008.
Explicó que el segundo proyecto presentado por la empresa Infinito Gold en diciembre del 2007 multiplica por 6 la profundidad de extracción, por dos el volumen extraído, sin que la SETENA haya exigido un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, y “sin que se sepa a ciencia cierta cual serán las consecuencias para la cuenca del Río San Juan y el acuífero regional que comparten Nicaragua y Costa Rica en esta zona”.
Varios de los participantes denunciaron el posible riesgo de “enjambre minero”, debido a que la misma empresa Infinito Gold anuncia en sus páginas de Internet posibles yacimientos nuevos cercanos a Crucitas y que ya tiene concesionados 196 kilómetros cuadrados.
En la parte de preguntas y respuestas, Lorenzo Cambronero aseguró que en Crucitas hay nidos de lapa verde y que el Frente está dispuesto a enseñarlos a los estudiantes de la UPAZ en alguna gira de campo.
El dirigente agrario lamentó que los personeros de la mina presentes indicaran datos erróneos con respecto a la distancia que separa Crucitas del Río San Juan.
Aseguró que la electrificación, el abastecimiento de agua, las escuelas, las rutas, son “potestades que le corresponden al Estado asumir, y no delegar a una empresa privada, y extranjera”.
Además, Heidy Murillo recordó por su lado que la empresa canadiense Vanessa Ventures había amenazado en el 2003 a Costa Rica con un arbitraje internacional si no obtenía la viabilidad ambiental y presentó una demanda en ese sentido en el 2003.
En una carta fechada con el 3 de octubre del 2005 que se proyectó ante el auditorio de la UPAZ, la empresa “retira la demanda que tenía ante el CIADI del Banco Mundial y se refiere textualmente a negociaciones en curso con el Gobierno de Costa Rica”.
“No sabemos a qué tipo de negociaciones se refiere esta carta” han sido la respuesta de los entonces jerarcas del MINAE, Carlos Manuel Rodríguez y del COMEX, Manuel González Sáenz, ni “qué se negoció” afirmaron los expositores.
Los participantes lamentaron nuevamente que las autoridades públicas invitadas (MÍNAET) se hayan negado a venir a debatir públicamente a este foro, “lo cual es una señal sumamente preocupante, sobre todo viniendo de autoridades que en teoría deben velar por la debida aplicación de la ley y de la tutela del ambiente”.
“Los argumentos técnicos para declarar de conveniencia nacional semejante proyecto al parecer no cuentan con la solidez suficiente como para ser defendidos públicamente en un recinto universitario”, recalcó a modo de conclusión uno de los participantes.
En el público, además de los estudiantes, profesores, miembros de ONGs, estuvieron presentes asesores legislativos, así como de miembros de agencias de noticias internacionales. Este viernes, el grupo de la Maestría de la UPAZ realizará una gira de campo en la zona de Crucitas con varios expertos.
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