Políticas ambientales en retroceso

Leslie Josephs desde Playa Grande

A lo largo de la costa del Pacífico de Costa Rica hay miles de casas, hoteles y condominios, que forman parte del auge inmobiliario de los 90, fuertemente alimentado por extranjeros adinerados que buscaban escapar de los helados inviernos del hemisferio Norte. Pero en Playa Grande, una franja de arena blanca que es el último lugar de desove importante en el Pacífico oriental para las tortugas baula, que se encuentran en peligro de extinción, ese desarrollo inmobiliario no las ha afectado. Todavía.

El gobierno saliente del presidente Óscar Arias ha presentado a la Asamblea Legislativa una reforma que abriría la zona al desarrollo inmobiliario que ya ha invadido parte de la costa, poniendo en peligro a las ya amenazadas tortugas.

El Parque Nacional Marino Las Baulas fue creado en 1991 en un esfuerzo por proteger las especies cuyas poblaciones anidadoras habían sufrido una rápida reducción en los años anteriores.

El parque considera como área protegida una franja de 125 m calculada desde el punto promedio de la marea alta. Las pocas casas construidas a lo largo de la costa necesitan usar luces verdes y rojas especialmente diseñadas durante la noche para no molestar a las tortugas mientras están desovando. El año pasado, el gobierno de Arias propuso reducir el nivel del parque a refugio, lo cual permitiría proteger sólo 75 m de arena, con lo cual propietarios dentro del parque podrían continuar con sus estancados proyectos inmobiliarios y ahorrar al gobierno cientos de millones de dólares en pagos por expropiación.

Problema doble
Sin embargo, a pesar de casi dos décadas de esfuerzos de protección en el parque nacional, las poblaciones de tortugas baula continúan reduciéndose, en gran parte debido a la pesca con palangre y por embarcaciones con redes agalleras que atrapan a las tortugas durante su temporada de migración, cerca de las costas del Perú y Chile, naciones con inmensas industrias pesqueras.

“Hace siete u ocho año contábamos 100 tortugas por noche”, dijo el guardaparques Danilo Campos. “El año pasado sólo 28 llegaron en todo el año”.

Si se suma el potencial desarrollo inmobiliario a lo largo de la playa, los resultados podrían ser desastrosos.

Según Randall Arauz, fundador y director del no gubernamental Programa Restauración de Tortugas Marinas (PRETOMA), proteger las tortugas en suelo costarricense es más fácil que detener la pesca con palangre y las embarcaciones agalleras en las aguas del Pacífico sur y oriental, que han convertido el tema en un problema internacional.

“Lo que los pescadores atrapan con esos palangres son hembras reproductoras”, afirmó Arauz. “Costa Rica no tiene nada que ver con esta mortalidad adulta. Todas esas embarcaciones con palangres están llegando en busca de aletas de tiburón”.

Las tortugas baula anidan entre México y Costa Rica desde noviembre hasta alrededor de febrero o marzo. Arauz señaló que las playas de Nicaragua y México, así como otras en Costa Rica, han visto reducir sus poblaciones, y gracias a más de 20 años de protección, Playa Grande se ha convertido en el único lugar que queda para el desove de estas tortugas en la región.

“¿Y por qué ocurre eso? Ahora las tortugas baula que tenemos anidando son las que empezamos a proteger hace 15 años”, dijo.

Políticas contradictorias
Costa Rica, que es conocida por tener las políticas ambientales más estrictas del continente, ahora está buscando relajar sus leyes.
En los últimos 15 años, fueron vendidos lotes detrás de las playas de anidación, dentro de los límites del parque nacional. Para mantener el parque, el gobierno tendría que compensar a los propietarios de estos lotes.

El año pasado, el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones presentó una ley para retirar la categoría de parque nacional a Las Baulas y reducir el área protegida en casi dos tercios.

“Si se hubieran permitido esos proyectos inmobiliarios en los 90, esas tortugas que estamos protegiendo ahora no tendrían lugar para anidar”, dijo Arauz. “Debemos detener esos proyectos”.

Algunos propietarios que compraron terrenos hace 15 años ya han construido casas. Uno de ellos dijo que sólo estaba esperando colocar las ventanas.

Pero si la ley para degradar el parque no es aprobada por la Asamblea Legislativa, de 57 escaños, antes que termine el mandato legislativo el 30 de abril, el gobierno tendrá que expropiar las casas y pagar a los propietarios, aunque hayan construido en un parque nacional.

“Hay por lo menos 40 propietarios. Se vendieron terrenos a gente que pensó ‘qué maravillosa playa. ¿Cuánto cuesta? Mucho más barato que en California. ¿Y ahora me estás diciendo que es un parque nacional y no puedo construir?’”, comentó.

Arauz dijo que los compradores o fueron estafados y nadie les dijo que la propiedad estaba dentro de un parque nacional, o fueron advertidos pero no hicieron caso.

“No vamos a permitir que se salgan con la suya”, manifestó.
Las principales organizaciones ambientales, como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Conservación Internacional, Oceanía y Nature Conservancy, han dado todo su apoyo para mantener Las Baulas como parque nacional.

A principios de marzo, la Contraloría General de Costa Rica publicó un informe en que criticó duramente al Ministerio del Ambiente por el “débil” manejo del parque.

Dijo que la ley se presentó debido a “lo inmanejable de la situación” en el parque, y sólo para evitar pagar por los terrenos, cuyo valor, dicen los propietarios, ha aumentado desde que los compraron.

“Pero el problema y las amenazas al hábitat de las tortugas seguiría latente con el paso de los años, lo que podría ser ambientalmente irreversible”, precisó el informe.

Si la ley de degradación no es aprobada, el gobierno tendría que pagar unos US$ 500 millones.

“Pero si el parque es degradado, al día siguiente entablaríamos un juicio”, aseguró Arauz. —Noticias Aliadas.