Redacción
El juicio sobre Crucitas se realiza en el Tribunal Contencioso Administrativo. CRH/Archivo
El juicio sobre Crucitas se realiza en el Tribunal Contencioso Administrativo. CRH/ArchivoSAN JOSÉ, 27 oct (CRH) – En un comunicado de prensa el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense afirmó que el juicio que se realiza en el Tribunal Contencioso Administrativo, sobre la legalidad o no del Decreto de Interés Nacional que firmó el Gobierno de Óscar Arias en beneficio de la mina Crucitas, revela mediante los diversos testimonios que se han brindado, las verdades sobre este proyecto minero y sus terribles consecuencias para el medio ambiente y la sociedad costarricense.
Uno de ellos es el de la destrucción del camino público sin los permisos de ley, ya que en el debate, se evidenció que para construir las lagunas de deslaves, la empresa minera eliminará un camino público, obligando a los habitantes a usar una ruta 5 km más larga. El permiso para ello se gira sin realizar los trámites legales que exige la ley. El Tribunal exigió a la Procuraduría General de la República aportar esta prueba en el juicio.
Manifiesta este sindicato que un ingeniero químico testificó que la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) avaló el borrador de un estudio sobre efectos de procesos químicos, documento carente de traducción oficial ya que fue elaborado en inglés. Dicho informe se refiere a los efectos sobre un cerro ubicado en un sitio diferente a los que se explotarán en el proyecto minero, así mismo, una exfuncionaria de SETENA reconoció que no se harán obras de infraestructura en los cerros ubicados en el terreno minero.
Sin embargo, el Gobierno de Óscar Arias permitió, mediante un decreto de interés nacional, que los bosques de dichos cerros sean talados aún cuando no se desarrollarán obras en los mismos, destruyendo innecesariamente el ambiente local y afectando cientos de especies de flora y fauna.
Agregan los representantes de los educadores que no existen estudios técnicos de SENARA, que avalen el proyecto minero. Además, continúan, varios testigos coinciden en señalar que para construir la laguna de deslaves de la mina, se requiere taponear al menos dos quebradas. Un geólogo reconoció que los estudios iniciales hablan de hacer un tajo de 15 metros de profundidad, sin embargo, la empresa decidió aumentar la profundidad hasta los 70 metros, lo que afectará las aguas subterráneas. Se teme el envenenamiento del agua y de peces en la zona.
Concluyeron manifestando que no se realizaron nuevos Estudios de Impacto Ambiental, aún cuando se modificó el proyecto para incrementar el uso de cianuro y de explosivos respecto a la propuesta inicial. Se reitera en los testimonios que la mina incumple con los requisitos y normas establecidas por el Colegio de Ingenieros Químicos.
Podrían demandarnos por daños ambientales
Según este comunicado del SEC, importantes especialistas en Derecho, entre ellos Nicolás Boeglin, advierten que Nicaragua podría demandar por sumas multimillonarias a Costa Rica, ante tribunales internacionales, en caso de que la mina les provoque daño ambiental. El proyecto se ubica apenas a 3 kilómetros de la frontera con ese país.
Las evidencias son suficientes: la mina Crucitas provocará graves daños en el agua, la flora y la fauna local. Destruirá hectáreas enteras de bosque. Pone en riesgo la vida de las personas y animales, al manipular toneladas de venenos como el cianuro.
Sin embargo, manifestó por escrito el señor Gilberth Díaz Vásquez y el señor Marvin Rodríguez Cordero, secretario general y secretario de relaciones públicas del SEC, el Gobierno se niega a dar marcha atrás y derogar el Decreto de Interés Nacional, firmado por Óscar Arias, que permite la operación minera. La Presidenta Laura Chinchilla incumple su compromiso con el diálogo, al ignorar a los miles de opositores a la mina, en especial a quienes se mantienen en huelga de hambre frente a Casa Presidencial.
http://costaricahoy.info/
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