San José (elpais.cr) - El Frente de Oposición a la minería de oro a cielo abierto en la Región Norte de Costa Rica, protestó este domingo por la suspensión, el viernes, de la "Vista" o audiencia de los magistrados de la Sala Cuarta a las partes involucradas en el recurso de amparo contra el proyecto minero Las Crucitas.
Indicaron que la sesión fue suspendida de manera abrupta a eso de las 11 de la mañana, luego de que el magistrado Luis Paulino Mora hiciera la solicitud de suspensión, alegando tener un compromiso en Limón.
La solicitud de Mora Mora, que fue luego acogida por la Sala, se dio en momentos en que varios magistrados interpelaban a los delegados de la empresa minera con una serie de preguntas que estaban poniendo en evidencia las sensibles inconsistencias y debilidades de los argumentos planteados por los defensores del proyecto.
Para representantes de los diversos sectores que se oponen al proyecto, la suspensión se dio en circunstancias particularmente extrañas, debido a las circunstancias en que se decidió.
Por un lado, la suspensión fue solicitada de manera abrupta por el magistrado Luis Paulino Mora, a quien, por haber sido Ministro de Justicia durante la primera administración Arias, se le ha considerado aliado del actual gobierno dentro la Sala.
Por otra parte, la solicitud de Mora se hizo en el momento en que otros magistrados planteaban preguntan significativamente “difíciles” para los técnicos representantes de la empresa.
Lorenzo Cambronero Méndez, recurrente y dirigente de la Unión Nacional de Agricultores de Costa Rica y del Frente de Oposición, indicó en un boletín de prensa que “las respuestas de los técnicos deben de alimentar la duda de los magistrados y, en caso de duda, basta invocar el Principio Precautorio, así como el In Dubio Pro Natura, para declarar inconstitucional el proyecto”.
El dirigente lamentó que se ordenara la suspensión súbita de la diligencia, solicitada por el Magistrado Luis Paulino Mora, alegando una reunión en Limón, en un momento en que las respuestas de los técnicos eran desafortunadas, absolutamente insuficientes y contradictorias.
“No queremos malinterpretar la decisión, pero, considerando que el magistrado Mora ha evidenciado una actitud parcializada y sesgada a favor del Proyecto, como se evidenció en la pasada inspección al proyecto el 11 de setiembre del año en curso, no nos cabe duda de que el propósito del magistrado Mora fue suspender el interrogatorio para que las autoridades recurridas lleven a la diligencia nuevos peritos y tengan el tiempo necesario para preparar “mejores” las respuestas”, dijo.
La denominada “Vista”, que había iniciado el jueves 11, consiste en un espacio a modo de audiencia de los magistrados a las partes, con el fin de que expongan conclusiones y argumentos ante la Sala Cuarta.
Las exposiciones se caracterizaron por el inicio de un interrogatorio de los magistrados a los peritos y técnicos de las partes recurrentes y de los recurridos.
Durante la diligencia, los magistrados formularon una serie de preguntas dirigidas a los peritos y abogados del MINAET, la empresa, el SENARA y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA.), con las cuales se cuestionó el papel que ha jugado la SETENA en el proceso de aprobación del Proyecto Aurífero Las Crucitas.
Por ejemplo, el magistrado Gilbert Armijo mostró preocupación sobre el tema y preguntó a los técnicos de la SETENA si sabían de dónde había surgido la propuesta de la promulgación del Decreto Ejecutivo que declaró de conveniencia nacional e interés público el Proyecto Aurífero Las Crucitas. También consultaron sobre la fundamentación jurídica del Decreto.
El mismo magistrado preguntó a los funcionarios de la SETENA por qué la nueva versión del proyecto fue aprobada de una manera tan rápida (la nueva versión del proyecto ingresó a la SETENA el 6 de diciembre del 2008 y fue aprobada el 4 de febrero del 2009, es decir, alrededor de seis semanas después, si se toma en cuenta las vacaciones de fin de año), e interrogó sobre la razón por la cual No se exigió un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA), si la nueva versión implicaba una serie de modificaciones sustanciales.
Armijo además preguntó quién se responsabilizará y con qué presupuesto se financiaría el monitoreo y seguimiento a la Laguna de Relaves 100 ó 200 años después de cerrada la mina, toda vez que los materiales que serán depositados en la laguna (material triturado y tratado con el cianuro) tardarán cientos de años para descomponerse.
Allan Astorga, técnico presentado por las organizaciones que integran el Frente de Oposición a la Minería, “fue contundente al señalar que los cambios introducidos al Proyecto a través de la nueva versión exigían la presentación de un nuevo EIA, ya que dichos cambios no se pueden considerar como una simple ampliación del Proyecto original, sino un Nuevo Proyecto más agre¬sivo y riesgoso en términos ambientales y técnicos. Sin embargo, la SETENA no exigió un nuevo EIA, pese al carácter sustantivo de los cambios. Astorga indicó que, de acuerdo con el Manual de Procedimientos de Evaluación Ambiental vigente, y sus anexos 2 y 3, la nueva versión del proyecto entra dentro de la categoría de megaproyectos”, agregó.
Añadió que Astorga recordó que, si bien la nueva versión reduce horizontalmente el área a excavar (pasó de 162 a 50 hectáreas), la profundidad de los cráteres se multiplica, pasando de un promedio de 10-15 metros a 60 metros, lo cual se traduce en un aumento de la cantidad de toneladas de material extraído y de cianuro, además de que implica el uso de miles de kilos de explosivos.
Además, el Frente de Oposición denunció a representantes del gobierno por hacer “equipo” con la empresa durante la vista
Las organizaciones del Frente de Oposición también denunciaron el hecho de que los diferentes representantes de las instituciones públicas interpeladas durante la Vista se mantuvieron muy “cercanos” a lo largo del proceso, y mantenían pequeñas reuniones constantes, en un clarísimo ejemplo de que coordinaban y manejaban de manera conjunta la participación.
“La actitud de los técnicos del gobierno es realmente lamentable, se comportan como voceros de la empresa, cuando por ética y por responsabilidad pública deberían estar defendiendo los intereses del pueblo y del país”, señaló Fredy Vargas, integrante de Frente de Oposición.
La diligencia se reiniciará mañana martes a partir de la una y treinta de la tarde en la Corte Suprema de Justicia.
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