Manifestación contra la minería a cielo abierto, frente al edificio del MINAET. Archivo
San José (elpais.cr) - Diversas organizaciones ambientalistas lanzaron este martes un llamado a sus afiliados para que se movilicen mañana jueves frente a la Sala Constitucional, que realizará una vista oral y pública para estudiar el caso de la minería de oro a cielo abierto.
En Crucitas de San Carlos, Alajuela, a menos de tres kilómetros del río San Juan, fronterizo con Nicaragua, la transnacional canadiense Infinito Gold (Vanessa Ventures), pretende construir un tajo para explotar oro a cielo abierto.
Delegaciones de ambientalistas de todo el país se harán presentes frente a la Corte Suprema de Justicia, a partir de las nueve de la mañana de este jueves, para expresar su repudio a la minería química.
En rueda de prensa, representantes de grupos ecologistas y organizaciones sociales, dijeron que cuando todas las universidades públicas y sus especialistas en el tema, se han manifestado en contra de la minería a cielo abierto, la Sala Constitucional tiene la potestad y los argumentos legales y técnicos para de detener la explotación minera en Crucitas.
“Desde el sector ambientalista nacional, hacemos un llamado a los Magistrados y apelamos, primero a su condición de Costarricenses, a su ética y la confianza de estar apoyados por prestigiosas Universidades que han demostrado el grave error que sería para Costa Rica la explotación minera a cielo abierto, y por un pueblo que ama la naturaleza y es vigilante de su protección”, señalaron.
Para los opositores al proyecto todos los argumentos han sido dados, y es claro que el proyecto minero en Crucitas no es viable ambiental, social ni económicamente.
“Estar en contra de los argumentos técnicos, hacer caso omiso de las experiencias pasadas de la minería y anteponer decisiones políticas dejaría a todos los costarricenses indignados y con un fuerte sentimiento de ira, desesperanza y vergüenza, al caer en cuenta de que los altos niveles de educación, no valen de nada ante los intereses político-empresariales, dándose un menosprecio al conocimiento, al razonamiento científico y al bien común”, destacaron.
Contra este tipo de explotación se han pronunciado ya múltiples organizaciones ambientalistas, instituciones de educación superior, organizaciones internacionales y hasta diputados y diputadas.
Recordaron que Crucitas amenaza repetir la triste historia de destrucción, pobreza y desempleo de Miramar, mina que tras su derrumbe, se encuentra abandonada y sin respuesta alguna de las autoridades tras dos años del desastre, que evidencia de la incapacidad de las mismas de supervisar actividades tan delicadas.
“Declarar la minería de “interés público y conveniencia nacional” mediante el decreto ejecutivo Nº 34801-MINAET, no es más que un acto de arbitrariedad que se sobre pone al Derecho de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, expresaron.
“Sabemos que la comunidad de Crucitas necesita opciones de desarrollo, pero la industria minera no resolverá el problema, como no lo resolvió en Las Juntas de Abangares con más de cien años de historia minera en Costa Rica, porque “el crecimiento con destrucción no es la solución”, aseveró.
Expertos afirman que la minería de oro a cielo abierto por lixiviación con cianuro es una de las actividades industriales de más alto impacto ambiental, social y cultural y es una actividad insostenible por definición en el tanto la extracción del recurso mineral supone su agotamiento.
Recordaron que el pronunciamiento de la Universidad Nacional (UNA), asegura en “en la zona norte del país se encuentra el principal remanente de bosque húmedo tropical de la vertiente Atlántica de Centroamérica”.
Cabe recordar que “el gobierno de Nicaragua pidió oficialmente al gobierno de Costa Rica la anulación de un contrato de explotación minera en una zona vecina a la frontera común, por considerar que afecta el entorno ecológico de ambos países”.
Sobre el particular, el geólogo Allan Astorga asegura que los riesgos en la mina Las Crucitas son muy altos, y los costos de una contaminación no fueron bien contemplados.
“Si un desastre natural o un mal diseño del embalse de oxidación del cianuro en el proyecto minero La Crucitas, provocará la filtración de este peligroso líquido a aguas subterráneas, el fronterizo río San Juan se contaminaría en menos de dos horas”, manifestó Astorga, quien será uno de los expertos que hablará mañana durante la Vista ante la sala IV, en la que participará personal y expertos pagados por la transnacional minera.
Las observaciones de Astorga y otros dos profesores de la Escuela Centroamericana de Geología, de la UCR, sobre este proyecto, fueron conocidas por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) desde el 2002, pero por circunstancias poco claras estas opiniones “se perdieron” en esa entidad o no fueron atendidas.
Los consejos universitarios de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional, pidieron al Gobierno de la República, la derogatoria del Decreto 34801-MINAET, por motivos ambientales, técnicos y jurídicos, ya que aseveraron que dicho decreto no tiene una base científica – técnica que en forma objetiva permita valorar el costo-socio-ambiental de tal destrucción y, que permita con algún grado de certeza establecer que el beneficio social de esta destrucción es mayor que el costo socio-ambiental de la misma, como lo exige la legislación forestal vigente.
Por su lado, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), sostiene que al autorizar el Proyecto Minero Crucitas, Costa Rica corre el riesgo de violar las obligaciones internacionales de no contaminar el territorio de otros países y desconocer las normas internacionales de mitigar los impactos ambientales e informar y consultar públicamente antes de implementar proyectos de alto impacto.
De acuerdo con información oficial de la empresa, para extraer el material se necesitan cavar 55 hectáreas con una profundidad de 60 metros, de manera que se estarían moviendo 33 millones de metros cúbicos de material entre piedra, roca dura y regolita para extraer cerca de 800 mil onzas de oro.
El propósito de la audiencia es escuchar a todas las partes interesadas, antes de tomar una decisión sobre el expediente, en el cual se han sumado 19 recursos de amparo o acciones de inconstitucionalidad presentados por 57 recurrentes y 20 coadyuvantes, contra 4 recurridos que son el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de la Presidencia, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, Setena, y las Industrias Infinito S.A.
El expediente consta de 17 tomos además de varios expedientes administrativos que los magistrados han debido estudiar. Y para completar el proceso escucharán la posición de cada una de las partes este 12 de noviembre.
Para diversos ambientalistas, los magistrados tienen en sus manos algo más que una decisión sobre una mina, ya que de su pronunciamiento dará luz sobre la posición ambiental de Costa Rica ante el mundo en momentos en que el presidente Oscar Arias pregona su apoyo a la lucha contra el cambio climático en el marco de su política “Paz con la Naturaleza”.
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